El rechazo ahora del alcalde de Vic a empadronar inmigrantes ha puesto de manifiesto la doble vara de medir con la que muchos ayuntamientos tratan el tema de la inmigración. Cuando convenía, muchos consistorios abrían la puerta a extranjeros en situación irregular para ocupar determinados puestos de trabajo o para, incluso, aumentar las cifras de empadronados y así poder acceder a determinadas subvenciones. Y ahora, cuando ya no hacen tanta falta, no les quieren.
Es lo que denuncia el comité regional de la Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña, que asegura que la localidad barcelonesa de Vic «es sólo la punta del iceberg» de un problema que viene de lejos, de muy lejos. Pero no sólo eso, pues también han advertido, en los últimos cinco años, un «aumento de la desobediencia civil» por parte de los propios ayuntamientos, que se niegan a facilitar a los policías nacionales las fotocopias de los pasaportes de las personas en situación irregular o información relativa a los inmigrantes de un determinado municipio.
A diario, desde hace varios años, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía se encuentran con infinidad de trabas a la hora de solicitar información sobre extranjeros. Así, tal y como relataron los propios agentes, en muchas ocasiones en la que un policía llama a un ayuntamiento para comprobar la identidad y situación de un posible inmigrante irregular que dice no llevar la documentación, el consistorio, o se niega a facilitarle los datos o simplemente le dice que carecen de dicha información. Y no ocurre en unos pocos municipios. No. Según los agentes, en la mayoría de ayuntamientos, desde los pequeños hasta los más importantes, «es algo generalizado y constatable», señalan.
Si bien es cierto que no se trata de un trámite obligatorio, los agentes reconocen que facilitaría mucho su trabajo y permitiría mantener un mayor control de la población inmigrante de un municipio, evitando así que se engorden listas para beneficiar a unos pocos. O, como ocurre en Vic, para que no se vete ahora a unos ciudadanos a los que antes ni se controlaba, sólo «cuando han visto peligrar los votos para las próximas elecciones», como sugieren desde el CEP.
Los agentes apuntan que con la anterior política de «favorecimiento de la inmigración irregular» que practicaban los ayuntamientos catalanes se estaba «creando el campo de cultivo idóneo para este tipo de partidos xenófobos», refiriéndose a Plataforma por Cataluña (PxC). Pero, sobre todo, se quejan de que el Cuerpo Nacional de Policía es visto en gran parte de Cataluña como una «fuerza invasora» y consideran que si fuesen los Mossos d’Esquadra los que solicitaran la información no les pondrían tantas trabas. Aunque, entre tanta queja, «hay quien reconoce que teníamos razón cuando comenzamos a denunciar», sentencian.
Fuente: ABC
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