Esta es una de esas noticias ante la que hay que restregarse los ojos varias veces antes de creérsela:
Proyecto: construir en el norte de Marruecos seis centros para menores, procedentes de los pueblos del interior del país o incluso de otras zonas subsaharianas, que hayan sido interceptados por las autoridades marroquíes en su intento de alcanzar costas europeas. Ésa es la intención de la Junta de Andalucía, cuya concreción se ultimará en el próximo Plan de Desarrollo Transfronterizo (PDT) 2009-2012. Las zonas están seleccionadas: Tánger, Chaouen, Mellousa y otros tres centros para menores en la misma comarca, dentro del área entre Tánger y Tetuán. Las instalaciones tendrían la tipología de albergues y se encuadrarán en el marco de colaboración con el Gobierno marroquí para la protección de la infancia. «Se trata de un plan integral, no sólo para la rehabilitación de estos niños, sino un programa de formación, dirigido a educadores e intermediadores culturales, que incida de forma especial en la emigración clandestina«, detalla a esta redacción Enrique Ojeda, secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.
Es decir, les vamos a pagar seis hotelitos para que los menores marroquíes no nos invadan. Un grupo de «educadores» les va además a calentar la cabeza. El moro se debe de estar muriendo de risa, con razón. Atención a esto:
Andalucía obtuvo el compromiso de Marruecos para agilizar los expedientes de reagrupación familiar en julio de 2007, en una reunión en Toledo. Desde entonces, 988 expedientes de niños permanecen a la espera del visto bueno de las autoridades marroquíes. Marruecos se excusa en los derechos internacionales y en la imposibilidad de localizar a los padres de los niños. La Junta contraataca: los niños hablan casi a diario con sus familias, que son perfectamente localizables. Las competencias sobre reagrupación familiar dependen del Estado, que a su vez confía en la ratificación por parte del Parlamento marroquí de un memorándum para que se proceda a las reagrupaciones, paralizadas en Andalucía desde 2003.
Es decir, que nos mandan menores a España para que se los cuidemos. Los poderes públicos de Mojamé VI son incapaces de localizar a las familias, aunque los niños hablan con ellas a diario por teléfono.
Estamos viviendo una locura histórica sin precedentes. Es de esperar que explote, y con violencia. Que nadie de la clase política, académica o periodística se lamente después ni nos de lecciones: ellos son los culpables.
La Junta planea la construcción de seis centros para menores en Marruecos
PS: No os perdáis tampoco los comentarios de los lectores.
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