El Parlamento italiano apoya la norma que criminaliza la inmigración clandestina; La Conferencia Episcopal critica la medida; los laicistas no denuncian la ingerencia eclesial

La Cámara de los Diputados italiana dio este miércoles el visto bueno para que la inmigración clandestina sea un delito en Italia y amplió hasta seis meses el periodo de retención de los indocumentados.

El Gobierno italiano sometió al voto de confianza de la Cámara Baja tres enmiendas incluidas dentro del proyecto de ley sobre seguridad (‘Disposizioni in materia di sicurezza pubblica’), que abarcan el tema de la inmigración, la criminalidad y la seguridad ciudadana.

La petición del voto de confianza es habitual en la política italiana y se usa normalmente para agilizar la tramitación de una ley, eliminando los debates.

La aprobación final del texto por parte de la Cámara de los Diputados está prevista para mañana jueves, y después será llevada al Senado, donde, en el caso de ser aprobada, se convertirá en ley.

La tipificación como delito de la inmigración ilegal, no conllevará penas de cárcel, pero los inmigrantes podrán ser multados con cantidades que oscilarán entre los 5.000 y los 10.000 euros. La norma establece además que sea obligatorio denunciar a los inmigrantes ilegales que se encuentren en Italia. Tan sólo los médicos que atiendan a estos inmigrantes y los directores de centros educativos quedarán exentos de esta obligación.

A la cárcel por alojar a un indocumentado

En materia de inmigración se prevé, además, penas de cárcel para los que alquilen una casa a un inmigrante sin papeles y la introducción de una tasa que oscilará entre los 80 y los 200 euros para los inmigrantes que soliciten o tengan que renovar su permiso de trabajo.

En este ámbito también se contemplan otras medidas como una pena de entre seis meses y un año de cárcel para aquellos inmigrantes, que tras haber recibido la notificación de expulsión de Italia, permanezcan en el país.

Por otro lado, la enmienda que contiene las normas sobre la criminalidad comprende una serie de medidas encaminadas a la lucha contra la mafia, con el endurecimiento de penas y la introducción de la obligación de denunciar el pago del “pizzo” o impuesto mafioso.

Rondas de ciudadanos

En materia de seguridad ciudadana, se introducen las llamadas “rondas” de ciudadanos, que podrán señalar a las fuerzas del orden situaciones que denoten un riesgo.

La introducción del delito de inmigración clandestina ha provocado la reacción de la oposición y de diversos abogados, que han advertido de que se corre el riesgo de que las madres no puedan inscribir en el censo a sus hijos, ya que al hacerlo serían denunciadas, lo que implicaría que los pequeños puedan ser adoptados al no haber sido reconocidos.

Según el Gobierno no existe tal problema porque la ley en Italia permite que las mujeres que han dado a luz obtengan un permiso de trabajo hasta que el pequeño cumpla seis meses, periodo durante el que éste podría ser inscrito en el censo.

Este proyecto de ley también ha provocado la reacción de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), que ha denunciado que con él se ignora el objetivo de la integración social de los inmigrantes.